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ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), informó la obtención de una sentencia condenatoria de doce años de prisión contra Rafael Antonio Gómez Castillo por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada. El fallo judicial fue emitido por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, Gómez Castillo fue hallado culpable de cometer abusos sexuales contra una niña de ocho años de edad en el municipio de Sacacoyo, La Libertad Oeste, durante el año 2024.
Según el informe fiscal, los hechos se desarrollaron en un contexto de vulnerabilidad de la víctima. Las investigaciones establecieron que la menor era objeto de maltrato físico y psicológico por parte de su madre biológica. La documentación presentada indicó que la progenitora la dejaba encerrada en su residencia por periodos de varios días o la abandonaba en la vía pública.
La menor buscaba refugio y alimentos en la vivienda de Rafael Antonio Gómez Castillo, con quien existía un lazo familiar. La FGR sustentó que Gómez Castillo se prevalió de esta situación de necesidad y del vínculo de confianza que había establecido con la niña para agredirla sexualmente en reiteradas ocasiones, la acusación se mantuvo bajo la figura de agresión sexual agravada en modalidad continuada.
Las indagaciones de la Fiscalía señalaron que los imputados, incluyendo Gómez Castillo, se desempeñaban como líderes religiosos en una iglesia ubicada en Sacacoyo. Al tener conocimiento de las acciones de maltrato ejercidas contra la menor, la congregación procedió a expulsar a Gómez Castillo de su institución.
El proceso penal se inició tras la interposición de una denuncia formal ante las autoridades competentes. Esta denuncia fue presentada por una hermana mayor de la víctima al tomar conocimiento de los abusos sexuales.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate basó su decisión en los elementos de prueba aportados por la FGR. El acervo probatorio incluyó evidencia de tipo documental, pericial y testimonial, los cuales permitieron al Tribunal establecer la participación y responsabilidad del imputado en los crímenes.
La pena se enmarca en lo establecido por el Código Penal para este tipo de delitos, donde la agravante se configura por la condición de la víctima como menor de edad y el aprovechamiento de una relación de confianza o poder por parte del agresor.
La resolución judicial se considera definitiva en esta instancia, formalizando la responsabilidad penal del condenado por los hechos ocurridos en el municipio de Sacacoyo. Las autoridades correspondientes han activado los protocolos de protección para asegurar el bienestar de la menor.