La ONG Human Rights Watch (HRW) alerta que debido a los recortes en vivienda pública, más de dos millones de ciudadanos de Estados Unidos con bajos ingresos se enfrentan a peligros en sus condiciones de vida.
La ley sobre la vivienda pública se impulsó con el fin de garantizar un hogar a cada ciudadano con independencia de sus ingresos y, de hecho, este ha sido un programa que hasta la fecha había sido «efectivo y fiable», especialmente para aquellos sectores poblacionales más discriminados como la población de color, las personas mayores o los discapacitados.
HRW ha revelado el caso de Ramona Ferreyra, una residente de vivienda pública en Nueva York y cuya abuela ya se instaló en el mismo edificio hace casi 40 años. Sin embargo, en las últimas dos décadas ambas han presenciado un deterioro notable en las condiciones de la infraestructura a medida que también se reducía la financiación al programa.
Las fugas de agua, humedades y moho, entre otros, son algunos de los problemas a los que a menudo se enfrentan los residentes de dicho edificio neoyorquino, mientras que las autoridades les trasladan que «no hay dinero» para solventarlos. Más de 100.000 edificios en la ciudad no cumplen los requisitos mínimos de la inspección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, según datos oficiales del Gobierno de Estados Unidos.
La situación a nivel nacional sigue la línea de lo que se vive en Nueva York, pues en el conjunto del país se pierden en torno a 10.000 edificios cada año debido al deterioro de la infraestructura. Para solventar esto, entre otros asuntos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha presentado el proyecto de ley Build Back Better (Reconstruir Mejor, en castellano), dotado de unos 65.000 millones de dólarres –más de 60.000 millones de euros– para viviendas públicas.
Estas negociaciones, que a día de hoy se encuentran estancadas, son «un paso modesto en la dirección correcta», según HRW, que celebra las pretensiones del presidente Biden de dotar con fondos los programas de vivienda pública, aunque considera que la cantidad destinada sería en todo caso insuficiente para satisfacer al completo las necesidades que se presentan en el sector.
