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EEUU—La ciudad de Miami aprobó el martes un controvertido acuerdo que permite a su Policía participar en tareas migratorias bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La decisión, avalada por tres de los cinco comisionados municipales, da luz verde al programa federal 287(g), que autoriza a agentes locales a realizar ciertas funciones migratorias de forma limitada.
La votación, que concluyó con tres votos a favor (Joe Carollo, Miguel Gabela y Ralph Rosado) y dos en contra (Christine King y Damian Pardo), se llevó a cabo tras más de cinco horas de intervenciones ciudadanas. Ningún residente se manifestó a favor del acuerdo durante la audiencia pública, lo que evidenció un amplio rechazo entre la comunidad local y organizaciones defensoras de derechos civiles.
El acuerdo 287(g), impulsado originalmente como una enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, permite que policías locales sean capacitados y certificados por ICE para llevar a cabo interrogatorios, arrestos y detenciones de personas sospechosas de estar en el país sin autorización. En el caso específico de Miami, el jefe de la Policía, Manuel Morales, afirmó que solo tres oficiales serán designados inicialmente y que operarán exclusivamente bajo supervisión directa de ICE.
Según Morales, no firmar el acuerdo podría traer repercusiones legales o incluso la pérdida de fondos federales, aunque no hay evidencia clara de que el gobierno federal imponga sanciones automáticas por la no participación. El asesor legal de la ciudad, George Wysong, respaldó esta advertencia, aunque reconoció que el marco legal aún deja zonas grises respecto a las consecuencias reales.
La sesión estuvo marcada por las declaraciones de los comisionados. Ralph Rosado defendió su voto favorable argumentando su confianza en el departamento policial y aseguró que el alcance del convenio era más limitado de lo que inicialmente se pensaba. En contraste, el comisionado Pardo expresó su desacuerdo pidiendo postergar la decisión hasta resolver litigios similares en otras jurisdicciones del estado. “Miami es una ciudad compuesta por inmigrantes, y este acuerdo genera un clima que no favorece a nuestra comunidad”, sentenció.
Christine King, también en contra, argumentó que involucrar a la policía en tareas federales sin obligación legal pone en riesgo la relación con la comunidad, generando desconfianza y temor.
La reacción ciudadana fue contundente. De acuerdo con CBS News Miami y CNN, todos los testimonios durante la audiencia se opusieron al acuerdo. Abel Delgado, uno de los asistentes, sostuvo que este tipo de medidas criminaliza a personas que simplemente “persiguen el sueño americano”. La docente Madison Rodríguez expresó su preocupación por el miedo creciente entre sus alumnos, mientras que otros residentes alertaron sobre el posible aumento en demandas legales por detenciones indebidas y los costos económicos que ello implicaría para la ciudad.
A nivel estatal, la legislación de Florida exige que los sheriffs o autoridades que manejan cárceles de condado firmen el acuerdo 287(g), pero no obliga a departamentos de policía municipales como el de Miami. Aun así, el gobernador Ron DeSantis ha presionado activamente para expandir la participación en este programa. Según Axios, ha llegado incluso a advertir que funcionarios electos podrían ser suspendidos si se niegan a cooperar con ICE, como ocurrió en el caso de Fort Myers.
El alcalde de South Miami, Javier Fernández, quien también es abogado, ha demandado al gobernador y a la fiscal general estatal para clarificar si los municipios tienen obligación legal de adherirse al programa. Según Fernández, forzar a policías locales a cumplir funciones migratorias podría representar un alto riesgo jurídico y financiero.
Actualmente, más de 700 acuerdos 287(g) están vigentes en al menos 40 estados de EE. UU., con Florida liderando el listado de jurisdicciones participantes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende el programa como una forma de “multiplicar” la capacidad de ICE sin aumentar su personal.
Pese a su aprobación, el acuerdo sigue generando un intenso debate sobre el papel de las autoridades locales en la aplicación de leyes migratorias federales, en especial en ciudades como Miami, donde gran parte de la población tiene raíces inmigrantes.