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ElSalvador–Este lunes, el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Dirección General de Migración presentaron a 37 personas acusadas de integrar una banda criminal dedicada al robo de teléfonos celulares en rutas de autobuses que circulan en San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Libertad.
Entre los detenidos se encuentran 17 hondureños, 11 salvadoreños, 8 nicaragüenses y un guatemalteco, mientras que otros cinco miembros de la estructura permanecen prófugos. Las capturas se realizaron tras investigaciones que iniciaron en enero de 2024, cuando se detectó que el grupo operaba como “carteristas” en rutas como la 29, 38, 101B, 41A, 45AB y 91.
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, explicó que el modus operandi consistía en grupos de entre dos y cinco personas que abordaban los buses, pagaban su pasaje y usaban mochilas grandes para distraer a las víctimas. Se colocaban las mochilas frente a ellas, en el pecho, para luego abrir carteras o bolsillos y sustraer los teléfonos sin que los usuarios se percataran.
Tras el hurto, los delincuentes se bajaban del autobús y abordaban un vehículo conducido por otro integrante que había seguido la unidad a distancia para facilitar la huida. Los teléfonos robados eran entregados a receptores y desbloqueadores, quienes los preparaban para su venta ilegal en el centro de San Salvador.
Delgado identificó como líderes de la banda a los nicaragüenses Joel Isaías Guerrero Siu y Rodrigo José Guerrero Siu. La estructura criminal estaba compuesta por grupos de robo, carteristas, motoristas, receptores y desbloqueadores. Las autoridades usaron entrevistas a víctimas, análisis de registros y operativos con la Policía Nacional Civil (PNC) para la identificación y captura de los implicados.
El director de Migración, Ricardo Cucalón, confirmó que muchos de los acusados están en condición migratoria irregular, ingresaron por puntos ciegos o fronteras como El Amatillo, San Cristóbal y El Poy, y se ocultaban en hospedajes para evadir controles. Migración tiene facultades legales para intervenir en establecimientos donde se refugien estas personas y reforzó su compromiso para neutralizar estas redes.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que los detenidos no serán deportados, sino procesados en El Salvador. Además, destacó que recibirán formación en oficios dentro de los centros penales, como lijado de hierro o madera, para contribuir con trabajos de utilidad pública, como la fabricación de pupitres para escuelas.
Villatoro aclaró que se trata de una banda de rateros y no de una organización criminal más estructurada, y celebró haber logrado las capturas antes de que se asentaran y expandieran sus actividades ilícitas en el país.
Las detenciones se efectuaron en hoteles, hospedajes y comunidades, principalmente en la calle Concepción. En el momento de la captura se incautaron celulares, dinero en efectivo, un arma de fuego, recibos de transferencias bancarias y dispositivos electrónicos.
El Fiscal General hizo un llamado a las víctimas a presentar denuncias formales para garantizar la protección y el seguimiento legal, asegurando que la FGR y demás instituciones continuarán firmes en la persecución del delito y la protección de los ciudadanos.
Este caso es un ejemplo claro de la colaboración interinstitucional entre la FGR, Seguridad y Migración, enfocada en desarticular estructuras que afectan la seguridad pública y el patrimonio de la población salvadoreña.