Con 56 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron la Ley General de Electricidad para asegurar que los usuarios finales, que son abastecidos por generadores o comercializadores de energía eléctrica, no paguen tarifas superiores a las aprobadas a las empresas distribuidoras.
Según se expuso en la sesión plenaria número 11, se evitará que los comercializadores encarezcan el precio de la energía y se trasladen los costos a los usuarios finales, por lo que no cobrarán más de las tarifas autorizadas por el Estado.
La Ley General de Electricidad fue aprobada en 1996 y fue en 2021 que la nueva Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Dirección General de energía e Hidrocarburos y Minas, institución que tiene como facultades formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas que rigen cada una de las etapas de la distribución energética: Generación, transmisión, distribución y comercialización.
“Estas reformas van a permitir tener medidas de acción inmediata para evitar el racionamiento de la energía eléctrica en nuestro país, como ha sucedido en otras naciones”, aseguró el parlamentario Mauricio Ortiz. “También se evitará abusos por parte de las distribuidoras o comercializadoras que quieran incrementar las tarifas”, agregó.