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EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye al Departamento del Tesoro y a los reguladores financieros a reforzar los controles sobre cuentas bancarias, créditos y transferencias vinculadas a personas sin autorización laboral en el país.
La medida, emitida el 19 de mayo por la Casa Blanca, busca fortalecer los programas de identificación de clientes y aumentar la supervisión sobre operaciones consideradas de riesgo para el sistema financiero estadounidense, bajo argumentos relacionados con fraude, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y evasión fiscal.
La orden no prohíbe el envío de remesas hacia América Latina, pero sí plantea nuevos mecanismos de vigilancia que podrían impactar a millones de migrantes que utilizan herramientas como el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), matrículas consulares o aplicaciones digitales para transferir dinero.
Entre las disposiciones, el Departamento del Tesoro deberá emitir advertencias a bancos y entidades financieras sobre patrones considerados sospechosos, como depósitos pequeños repetitivos, pagos fuera de sistemas formales de nómina y uso de plataformas de pago para operaciones que intenten evadir controles regulatorios.
Además, el documento ordena evaluar cambios en las normas de debida diligencia para que las instituciones financieras puedan solicitar información adicional relacionada con el estatus migratorio o autorización de empleo cuando existan señales de riesgo financiero o de fraude.
La Administración Trump también instruyó a los reguladores bancarios a revisar posibles riesgos crediticios asociados con préstamos hipotecarios, financiamientos de vehículos y tarjetas de crédito otorgados a personas sin autorización laboral, argumentando que una eventual deportación o pérdida de ingresos podría afectar la capacidad de pago de esos clientes.
La orden ejecutiva también pone atención sobre el uso de tarjetas de identificación consular extranjeras y sobre cuentas abiertas con ITIN, documento utilizado por personas que no poseen un número de Seguro Social pero cumplen obligaciones tributarias en Estados Unidos.
Según el texto oficial, las autoridades financieras deberán presentar nuevas directrices y propuestas regulatorias en plazos que van desde 60 hasta 180 días.
La Casa Blanca sostiene que las medidas buscan “restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense” y reforzar la detección de operaciones vinculadas al crimen organizado transnacional.