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ElSalvador—La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la detención de siete nuevos empresarios del transporte colectivo, acusados de violar la disposición presidencial que ordenó ofrecer el servicio de forma gratuita del 5 al 11 de abril. Con estas capturas, ya suman once los transportistas privados que enfrentan cargos por no respetar las medidas impuestas durante el cierre del tramo Los Chorros, en la carretera Panamericana.
De acuerdo con el reporte policial, las detenciones responden a denuncias de usuarios que alertaron sobre unidades que circulaban fuera del horario establecido, cobraban el pasaje a pesar de la orden de gratuidad o no realizaban las paradas reglamentarias. El objetivo de la medida oficial era mitigar los efectos del colapso de un talud ocurrido el 29 de abril, que obligó al cierre de esta vía clave entre Santa Tecla y Colón, afectando el tránsito de miles de salvadoreños.
Entre los nuevos capturados se encuentran Napoleón Humberto Cárcamo López y Ángel Monroy Cabrera, ambos vinculados a rutas que operan en Apopa (38 y 38-D, respectivamente); Rutilio Guardado Ferrer, de la ruta 49 en Soyapango; José Roberto Cuéllar Parada, de la ruta 41-D, también en Soyapango; Wuillian Ricardo Flores Escobar, de la ruta 54 en La Unión; y Nelson Saúl Villalta Platero, detenido posteriormente por razones similares.
Además, la mañana de este miércoles, la PNC anunció otra detención, se trata de Julio Ovestes Mirón Escobar, empresario de las rutas 47 y 48.
Los delitos por los que serán procesados, según la PNC, son cuatro: incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, extorsión y peculado, los mismos que se imputan a los cinco empresarios capturados el lunes. Entre ellos se encuentran figuras reconocidas del gremio, como Genaro Ramírez, José Alejandro Arriaza, Alexander Sorto, Nelson David Moreno y Abel Reina, señalados por negarse a prestar el servicio gratuito el primer día de vigencia de la orden.
La medida presidencial fue comunicada oficialmente el domingo 4 de mayo, extendiendo a todo el país la gratuidad del transporte público como parte del plan de contingencia por la emergencia vial. No obstante, según la Mesa Nacional de Transporte (MNT), en una reunión matutina de ese mismo domingo se les había indicado que la gratuidad aplicaría únicamente en el occidente del país. El anuncio oficial de su carácter nacional llegó más tarde, por medio de las redes sociales del presidente Nayib Bukele.
La MNT reaccionó con una solicitud pública dirigida al mandatario, pidiendo “clemencia” para los primeros cinco detenidos y solicitando su pronta liberación. “Con el respeto que se merece señor presidente, pedimos clemencia por la pronta liberación de nuestros tres compañeros empresarios detenidos el pasado lunes de la Mesa Nacional de Transporte, así mismo de los otros dos compañeros de las otras gremiales”, expresó la organización en un comunicado. También agradecieron el pago de compensación económica por parte del gobierno, el cual se hizo efectivo la noche del lunes con un desembolso de $12 millones.
Pese al conflicto, empresarios del transporte aseguraron que el servicio se ha normalizado en un 90 % en todo el país. Incluso informaron que se han ampliado los horarios de operación y reforzado las rutas con mayor demanda mediante la incorporación de más unidades.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele reaccionó ante las recientes capturas relacionadas con el sector transporte, subrayando que el único requerimiento hacia los empresarios del rubro ha sido que continúen brindando el servicio habitual, «con la misma ganancia, o incluso mayor», ya que —según afirmó— el Gobierno ha pagado anticipadamente el equivalente a la ocupación total de todas las unidades de transporte en el país, aunque muchas de ellas no circulen llenas durante todo el día.
En ese sentido, cuestionó por qué algunos transportistas se niegan a prestar el servicio pese a que, según él, ya se les ha pagado por adelantado. Además, advirtió que al tratarse de fondos públicos, no cumplir con lo pactado podría constituir el delito de peculado, es decir, la apropiación indebida de recursos estatales.
Finalmente, el mandatario hizo un llamado al cumplimiento de la ley, enfatizando: «Si insisten en buscar problemas, los encontrarán».
Las autoridades mantienen activos los controles para garantizar el cumplimiento de la medida de gratuidad mientras continúan las obras de reparación en el tramo afectado. La zona, históricamente vulnerable, ha sufrido al menos seis deslizamientos en los últimos días, lo que ha acelerado la construcción del viaducto Francisco Morazán, una obra clave para garantizar la estabilidad de esa ruta.