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ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos a favor y uno en contra la cuadragésima quinta prórroga del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, que estará activa del 2 al 31 de diciembre de 2025.
Esta medida permite a las autoridades suspender ciertas garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, el límite máximo de detención y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, para fortalecer la lucha contra estructuras criminales y mantener el clima de seguridad.
Desde la implementación del régimen, el gobierno reporta la captura de más de 90,200 personas vinculadas a pandillas y 1,060 días sin homicidios, cifras que respaldan la estrategia de seguridad. Según el legislador Caleb Navarro, subjefe de la bancada oficialista Nuevas Ideas, la continuidad del régimen es crucial para evitar la reorganización de pandillas y preservar la estabilidad alcanzada en el país.
Los diputados aliados, como Reynaldo López Cardoza (PCN) y Reinaldo Carballo (PDC), coincidieron en que el régimen de excepción es la única herramienta constitucional efectiva contra la delincuencia y que ha contribuido a la tranquilidad actual, que supera incluso los niveles de violencia de la guerra civil.
Walter Coto, también de Nuevas Ideas, destacó el impacto directo de estas medidas en la protección de la vida y el bienestar de las familias salvadoreñas.
Sin embargo, la prórroga no contó con el apoyo de la oposición, que cuestiona la suspensión de derechos y denuncia detenciones arbitrarias sin pruebas suficientes.
Diputados de Arena y Vamos no estuvieron presentes o votaron en contra; el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) denunció la detención de más de 25 mujeres durante una protesta en el Centro Histórico, donde reclamaban justicia por la muerte de Yessica Solís, quien falleció tras un disparo accidental por parte de un soldado de la Fuerza Armada.
La extensión del régimen de excepción busca asegurar que las autoridades mantengan las herramientas legales necesarias para combatir el crimen organizado y proteger la estabilidad alcanzada en el país, de acuerdo con el decreto aprobado por la Asamblea.