Día a Día News
ElSalvador–La Asamblea Legislativa estudia un proyecto de ley que busca modernizar el marco jurídico para prevenir, detectar y sancionar delitos financieros, entre ellos el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia emitió dictamen favorable para la creación de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que sustituirá la normativa vigente desde 1999.
El objetivo, según los diputados, es adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales y atender las observaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que recomendó actualizar las regulaciones por considerarlas obsoletas y poco efectivas frente al crimen organizado.
Durante el análisis de la propuesta, la Comisión escuchó los aportes del fiscal general, Rodolfo Delgado, y de la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Marisol Gracias, quienes coincidieron en que la legislación actual limita la inclusión financiera y carece de mecanismos claros de supervisión.
Delgado explicó que la ley vigente genera discrecionalidad en la aplicación de controles y deja sin garantías a sectores que no representan riesgos reales, por lo que la nueva normativa propone redefinir los sujetos obligados para concentrar la supervisión en actividades con riesgo comprobado.
Entre esos sujetos figuran entidades financieras, casinos, joyerías, inmobiliarias, abogados, notarios, contadores, transportistas de valores, proveedores de servicios de activos digitales, servicios bitcoin y partidos políticos. Estos deberán someterse a un control específico bajo la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero.
El proyecto también plantea la creación del Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, liderado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Este sistema fortalecerá la cooperación entre instituciones estatales y coordinará con organismos internacionales para mejorar las investigaciones y el intercambio de información.
Asimismo, se propone la conformación del Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos (CIPLAFT), un órgano consultivo integrado por el fiscal general, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministros de Estado y representantes de entidades financieras. El comité diseñará estrategias nacionales y emitirá directrices técnicas para combatir los delitos financieros.
La superintendenta Gracias resaltó que la nueva ley busca equilibrar la supervisión con la inclusión financiera, evitando prácticas que excluyan injustamente a personas o sectores del acceso a servicios bancarios.
En materia sancionatoria, el proyecto establece multas, suspensiones e inhabilitaciones para quienes incumplan sus obligaciones legales. Las faltas graves incluyen no reportar operaciones sospechosas, no aplicar medidas de debida diligencia o no designar un oficial de cumplimiento.
Las faltas muy graves contemplan revelar información confidencial, obstruir auditorías, no congelar activos o facilitar fondos a personas sancionadas internacionalmente.
Las infracciones graves podrán sancionarse con multas de entre 50 y 500 salarios mínimos para empresas y hasta 200 para personas naturales, además de la suspensión de operaciones o inhabilitación de funcionarios. Las muy graves podrían implicar multas de hasta 1,000 salarios mínimos, cancelación de operaciones, disolución de la entidad y hasta 10 años de inhabilitación para los responsables.
En cuanto al delito de lavado de activos, la propuesta fija penas de 9 a 15 años de prisión para quienes oculten bienes provenientes de delitos. Si los fondos provienen de actos contra la administración pública o el autor es un servidor público, la pena será mayor e incluirá la inhabilitación para ejercer cargos.
Si el delito se comete a través de una persona jurídica, los responsables enfrentarán sanciones personales y la entidad podrá responder civil y patrimonialmente por los daños causados.
Con esta actualización, los diputados buscan modernizar el marco legal y fortalecer las herramientas del Estado para combatir la criminalidad financiera sin limitar el acceso legítimo al sistema económico nacional.