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ElSalvador—El presidente Nayib Bukele respondió con severas acusaciones y una nueva iniciativa legislativa a la protesta pacífica realizada por habitantes de la cooperativa El Bosque, quienes la noche del lunes 12 de mayo se manifestaron frente a la residencial Los Sueños, en Santa Tecla, para exigir que el Gobierno interceda ante una orden judicial de desalojo que amenaza con dejar sin vivienda a cerca de 300 familias el próximo 22 de mayo.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Bukele acusó a organizaciones no gubernamentales “globalistas” y a grupos de izquierda de haber “manipulado” a los manifestantes con el objetivo de dañar la imagen de su gobierno. Según el mandatario, la presencia coordinada de medios, el “acarreo evidente” y los “banners impresos profesionalmente” evidencian una “operación política cuidadosamente organizada”.
“Personas humildes fueron utilizadas por estos grupos para atacar al Gobierno”, afirmó Bukele, quien también cuestionó que la protesta se realizara frente a una residencia privada, presuntamente sin vínculo directo con el litigio.
Bukele explicó que el conflicto legal por las tierras se remonta a 1998, fue judicializado en 2008 y culminó con sentencias firmes a favor del acreedor, identificado como Luis Antonio Palomo Urbina, a quien relacionó con el partido opositor ARENA. Aunque dijo “desconocerlo personalmente”, insistió en que el caso ya está cerrado en los tribunales.
Si bien reconoció la “difícil situación” de las familias afectadas, descartó que el Estado asuma la deuda. En su lugar, anunció el envío a la Asamblea Legislativa de una nueva Ley de Agentes Extranjeros, que impondría un impuesto del 30 % a las donaciones recibidas por ONG extranjeras en el país. Con estos fondos, aseguró, se podría pagar la deuda de la cooperativa El Bosque.
“Así todos ganan: las familias saldan su deuda, la población no paga por reclamos ajenos y las ONG cumplen, por fin, su supuesto propósito de ayudar al pueblo”, declaró Bukele.
La ley no es una propuesta nueva. En 2021, el Ejecutivo impulsó una versión similar con sanciones penales, que fue detenida tras críticas de la comunidad internacional y la suspensión de proyectos de cooperación, como los de Alemania. La nueva versión incluiría un Registro de Agentes Extranjeros (RAE) con amplias facultades de control sobre el trabajo de las ONG.
Mientras tanto, diversas organizaciones de la sociedad civil han condenado la respuesta del Gobierno. El Foro del Agua denunció la detención arbitraria del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, defensor de los pobladores de El Bosque, y al menos otros dos líderes comunitarios, entre ellos José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa y pastor evangélico.
Una veintena de ONG denunció lo que consideran una nueva ola de represión estatal, que busca intimidar y desmovilizar a comunidades en conflicto por el derecho a la tierra, en medio de procesos judiciales que afirman están marcados por irregularidades y estafas impunes.