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ElSalvador—La noche del lunes 12 de mayo, alrededor de 200 habitantes de la Cooperativa El Bosque, ubicada en el cantón El Triunfo de Santa Tecla, realizaron una manifestación pacífica frente al centro comercial Las Piletas y la residencial Los Sueños, donde reside el presidente Nayib Bukele para solicitar la suspensión del desalojo programado para el 22 de mayo, ordenado por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla.
Durante la protesta, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a cinco representantes comunitarios: Diego Armando Guzmán, José Ángel Pérez, Adolfo Castro, Moisés Galeano y el abogado de la comunidad, Alejandro Henríquez. Las capturas fueron registradas en una transmisión en vivo de Bálsamo Radio TV, en la que también se evidenció el uso de la fuerza por parte de los agentes y la negativa de uno de ellos a brindar declaraciones a la prensa.
Testigos denunciaron que la policía actuó con violencia al capturar a los líderes y que posteriormente desplegó un pelotón de la Unidad de Mantenimiento del Orden con escudos identificados como “Policía Militar”, que acorraló a los manifestantes en el desvío a Comasagua. Un miembro de la comunidad aseguró que fue golpeado al intentar defender a los detenidos: “Nos trataron mal, solo queríamos proteger a nuestros líderes”.
Los residentes también reportaron acciones de intimidación, como la presencia de personas no identificadas tomando fotografías, la obstrucción al trabajo periodístico y el decomiso de placas de vehículos para impedir que la protesta se realizara.
La Cooperativa El Bosque, integrada por unas 300 familias, enfrenta una orden de desalojo por una deuda de $850,000 reclamada por Luis Palomo Urbina, representante legal de la empresa Proyectos e Inversiones (PROYIN S.A. de C.V.). Según los habitantes, Palomo fue nombrado administrador en 1998 tras una crisis económica provocada por pérdidas en la cosecha de café. Años después, denuncian, firmó contratos y presentó pagarés con firmas presuntamente falsificadas. En 2008 interpuso una demanda contra la cooperativa, que derivó en el actual proceso de desalojo.
“Muchas mujeres agricultoras trabajan el campo para alimentar a sus familias. Con el desalojo, se complica todo”, señaló María Elena Beltrán, vicepresidenta de la cooperativa. La comunidad ha entregado cartas al Ejecutivo y realizado diversas manifestaciones para pedir la intervención directa del presidente Bukele en un caso que consideran plagado de irregularidades.
Hasta el cierre de esta nota, se desconoce el paradero de los detenidos y no se han informado cargos en su contra, lo que ha aumentado la preocupación entre los habitantes. La comunidad insiste en que su protesta fue pacífica y que seguirá luchando por el derecho a permanecer en la tierra que han habitado por más de 60 años.