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ElSalvador–El presidente de Nayib Bukele rechazó las acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en El Salvador, expuestas durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que organizaciones presentaron denuncias sobre la situación de personas defensoras en el país.
A través de publicaciones en la red social X, el mandatario cuestionó los señalamientos planteados durante la sesión del organismo regional, realizada en Ciudad de Guatemala.
En uno de sus mensajes, Bukele afirmó: “Un buen momento para recordar esto, donde, sin saberlo, respondí al 100% de las acusaciones que hoy hacen quienes únicamente defienden los derechos humanos de los criminales”.
En otra publicación, el presidente también expresó: “Es divertido ver a todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada. Me preocuparía si no fuera así. Significa que vamos por el camino correcto”.
El mandatario compartió además un video en el que sostuvo que el Estado prioriza los derechos humanos de la población “honrada y trabajadora”, y cuestionó a organizaciones que, según afirmó, no denunciaron en el pasado los delitos cometidos por estructuras criminales.
Las declaraciones del presidente se produjeron después de una audiencia de la CIDH en la que participaron organizaciones como Cristosal, Amnistía Internacional y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Durante la sesión, estas organizaciones señalaron que el régimen de excepción, junto con factores como la concentración de poder, la falta de independencia judicial y la ley de agentes extranjeros, ha generado un contexto que —según afirmaron— afecta el trabajo de personas defensoras de derechos humanos.
También expusieron que entre 2019 y 2025 documentaron 174 casos de persecución o criminalización contra defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas, además de 55 casos de hostigamiento contra defensores y periodistas registrados en 2025.
Asimismo, señalaron preocupaciones relacionadas con prácticas judiciales y condiciones de detención, entre ellas el uso de la detención provisional, ampliaciones en los plazos de instrucción, limitaciones para acceder a expedientes judiciales y situaciones de hacinamiento en centros de detención.