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El Salvador-–Las autoridades salvadoreñas han lanzado una advertencia a ciudadanos que, a cambio de una comisión, han facilitado sus cuentas bancarias para el movimiento y blanqueo de fondos provenientes de delitos informáticos.
La Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad han calificado a estas personas como “mulas financieras” y les han otorgado un plazo que finaliza el 30 de septiembre de 2025 para presentarse voluntariamente y rendir declaración, so pena de ser procesados como parte de una estructura criminal transnacional.
La alerta se dio a conocer el pasado 24 de septiembre tras la revelación del desmantelamiento de una red internacional de estafadores que operaba desde El Salvador, utilizando medios informáticos y redes sociales para defraudar a víctimas mediante ofertas de empleo irregulares, créditos inexistentes, alquileres ficticios y otros engaños.
Los criminales buscaban apropiarse del patrimonio de las familias salvadoreñas, y posteriormente, utilizaban las cuentas de ahorro o corrientes de las “mulas” para recibir, transferir y enviar el dinero hurtado al extranjero, con los verdaderos cabecillas de la operación ubicados fuera del país.
El Rol de las “Mulas Financieras” y la Advertencia de la FGR
El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que el esquema delictivo implicaba que los salvadoreños reclutados cedieran sus cuentas para recibir fondos de estafas o hurtos.
A través de múltiples transacciones, y a cambio de un pago o un pequeño porcentaje, estos individuos lavaban el dinero para que otros miembros de la red lo sacaran al extranjero, recurriendo en ocasiones a billeteras electrónicas o criptoactivos.
Delgado enfatizó que prestar una cuenta bancaria para este tipo de operaciones constituye un delito y convierte al titular en cómplice, pudiendo enfrentar cargos por hurto, estafa, e incluso lavado de dinero y activos.
“Muchas de estas cuentas bancarias han sido prestadas por los titulares para recibir fondos y posteriormente enviar los fondos al extranjero. Esto constituye un delito, estas personas también han sido parte de esta estructura criminal y serán puestas a las órdenes de los juzgados de nuestro país”, advirtió el fiscal.
En el mismo sentido, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, detalló las actividades ilícitas realizadas por los colaboradores locales, que incluyen no solo prestar la cuenta, sino también recibir la instrucción del administrador transnacional, retirar el dinero y enviarlo al extranjero por remesa o convertirlo en criptoactivo.
El ministro fue claro en el mensaje a la población sobre la necesidad de proteger la información financiera. “El número de la cuenta de ahorro se cuida como el número de identidad. Si usted le da su número de identidad a cualquiera, se vulnera”, afirmó.
Plazo y Trato Diferenciado
Las autoridades reconocen que, si bien en la mayoría de los casos las “mulas” tienen pleno conocimiento de la ilegalidad, también puede haber un número de personas que sufrieron el hurto de su cuenta o datos y no supieron que esta fue utilizada en los actos ilícitos.
Para aquellos que han participado prestando sus cuentas, el ministro Villatoro hizo una clara advertencia: “tienen hasta el 30 de septiembre para presentarse a una oficina de la Fiscalía y poder rendir su declaración. Decir qué cuenta prestó, para qué se usó y quién lo reclutó. De lo contrario, a partir del primero de octubre, va eventualmente a ser capturado y sometido a la justicia”.
La fecha límite para este llamado es el 30 de septiembre, aunque la advertencia sobre futuras capturas se activa a partir del 1 de octubre.
El Gabinete de Seguridad dejó entrever que quienes colaboren identificando las operaciones y los miembros superiores de la estructura, muchos de los cuales estarían fuera del país, podrían recibir un trato diferenciado.
De esta manera, las autoridades buscan no solo castigar a los colaboradores locales, sino también desarticular a los cabecillas internacionales. La petición es que colaboren para “decirnos quiénes los reclutaron y así en conjunto golpear estas organizaciones”, explicó Villatoro.
Las cifras presentadas por la Fiscalía demuestran la magnitud del problema en los últimos años. El fiscal general Rodolfo Delgado expuso que solo en el periodo comprendido entre enero de 2022 y el 24 de septiembre de 2025, la FGR ha presentado 1,894 requerimientos contra salvadoreños que han prestado sus cuentas bancarias para facilitar el cometimiento de estos delitos.
En el detalle de estos casos, se especificó que: 1,327 casos se encuentran en la etapa de instrucción con detención provisional.
300 casos han sido procesados con medidas alternas a la detención, logrando el retorno del dinero hurtado a las víctimas.
267 personas han recibido sentencias condenatorias.
Las autoridades insisten en la responsabilidad de los ciudadanos en la protección de sus datos bancarios, pues, aunque hubieran sido víctimas de un hurto de identidad o datos, el ministro Villatoro señaló que existía una responsabilidad de no proteger adecuadamente la información, la cual es «bien sencillo» de cuidar.
La campaña de alerta busca prevenir que más salvadoreños caigan en la tentación de un pago fácil a cambio de convertirse en una pieza clave de la delincuencia organizada transnacional.