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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a quienes señala de colaborar con el Cártel de Sinaloa en actividades de narcotráfico y delitos relacionados con armas.
La acusación fue dada a conocer por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el titular de la DEA, Terrance Cole. Según las autoridades estadounidenses, los implicados habrían utilizado sus cargos para proteger operaciones del cártel y facilitar el ingreso de drogas a territorio estadounidense.
Entre los acusados figuran funcionarios en activo y exautoridades de Sinaloa, incluyendo al alcalde de Culiacán y mandos policiales, a quienes se les atribuye participación en una presunta red de protección institucional al narcotráfico.
De acuerdo con el documento judicial, los señalados habrían formado parte de una “conspiración corrupta y violenta” para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Entre las acciones atribuidas están la filtración de información confidencial, la protección de cargamentos de droga y la omisión de acciones ante hechos de violencia vinculados al crimen organizado, a cambio de pagos millonarios.
Las penas contempladas para los acusados oscilan entre 40 años de prisión y cadena perpetua, en caso de ser encontrados culpables.
El gobernador Rocha Moya rechazó los señalamientos y aseguró que las acusaciones “carecen de veracidad y fundamento”. Además, calificó el proceso como un ataque político dirigido tanto a su persona como al proyecto gubernamental impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que recibió solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, las cuales fueron remitidas a la Fiscalía para su análisis. No obstante, indicó que, tras una revisión preliminar, los documentos no contienen elementos suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados en los delitos imputados.
El caso se encuentra en desarrollo y dependerá de los procesos judiciales y de cooperación entre ambos países para definir el curso de las solicitudes de extradición.