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EEUU–El Gobierno de Estados Unidos implementó nuevas directrices que permiten detener a refugiados que, tras un año de haber ingresado legalmente al país, no hayan iniciado el proceso para obtener la residencia permanente.
El cambio fue introducido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el expediente de un caso en curso ante una corte federal de Minesota, y marca un giro significativo en la política migratoria. Bajo esta disposición, los refugiados podrán ser arrestados y retenidos mientras se reevalúa su estatus migratorio.
El Proyecto Internacional de Asistencia para Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés) calificó la medida como “una ruptura radical” con las prácticas anteriores y advirtió sobre la ausencia de límites de tiempo para la detención. En respuesta, el DHS argumentó que la decisión responde a motivos de seguridad nacional y pública.
El caso que originó esta decisión afecta a unos 5,600 refugiados en el estado de Minesota, particularmente en el área metropolitana de Mineápolis, que ha sido un foco de operaciones de las autoridades migratorias.
Desde su retorno a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha aplicado una política más restrictiva hacia los refugiados. Su administración redujo el cupo anual a 7,500 personas para el año fiscal 2026, en contraste con los más de 100,000 admitidos anualmente durante el gobierno de Joe Biden.
La directriz también se produce luego de que un juez federal prohibiera provisionalmente, en enero, detener a refugiados sin residencia permanente, aunque permitía revisar su estatus migratorio. Con el nuevo lineamiento, esa restricción queda sin efecto mientras las cortes federales continúan evaluando la legalidad de la medida.
La política podría impactar directamente a comunidades migrantes y países de origen como El Salvador, cuyos ciudadanos forman parte del grupo de refugiados legalmente establecidos en territorio estadounidense.