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Guatemala–El presidente de Bernardo Arévalo exhortó a los recién nombrados magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) a desempeñar sus funciones con independencia, transparencia y respeto a la ley, tras su elección por parte del Congreso.
Según información difundida por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el mandatario pidió que cada decisión del organismo electoral se rija por principios de legalidad y responsabilidad institucional.
Los nuevos magistrados, tanto propietarios como suplentes, estarán al frente de la planificación, organización, ejecución y procesamiento de las elecciones generales previstas para 2027 en Guatemala. Su período de gestión abarcará de 2026 a 2032.
La designación fue realizada el martes por el Congreso de la República de Guatemala, tras varias horas de negociaciones entre distintas bancadas legislativas. En total se eligieron cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes para dirigir el organismo electoral.
Durante la sesión plenaria, el diputado oficialista José Carlos Sanabria afirmó que la elección fue posible gracias a acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios. “Cuando existe voluntad política se pueden alcanzar consensos amplios”, señaló.
El proceso de nombramientos ocurre en medio de otras elecciones de segundo grado en el país, entre ellas la integración de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, donde aún están pendientes dos magistrados que deben ser designados por el Ejecutivo. Además, en mayo está prevista la elección del nuevo fiscal general.
Previo a la designación, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, expresó críticas sobre la lista inicial de aspirantes al TSE elaborada por una comisión postuladora encabezada por autoridades universitarias.
El diplomático advirtió entonces que el proceso podía abrir espacios a la influencia del crimen organizado o del narcotráfico. No obstante, tras la elección final realizada por el Congreso, no ha emitido una nueva valoración pública sobre los magistrados designados.