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Guatemala—El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó el lunes que su administración mantiene una “lucha incansable” contra el crimen organizado, en un país que, según dijo, fue entregado en el pasado a las pandillas y al narcotráfico.
Durante una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, el mandatario destacó los logros alcanzados en materia de seguridad durante este año. Entre ellos mencionó decomisos de droga, extradiciones de narcotraficantes y operativos dentro de los centros penitenciarios.
“Estamos haciendo lo que nadie hizo: entrando a los campos de plantación, encarcelando a los líderes de pandillas e ingresando a los barrios que parecían intocables para gobiernos anteriores”, aseguró Arévalo, al referirse al abandono estatal en comunidades controladas por estructuras criminales.
Uno de los operativos más relevantes, señaló el presidente, se desarrolló en el barrio El Gallito, clasificado como “zona roja” por su alta peligrosidad. Este despliegue forma parte del plan oficial para retomar el control de las calles, el cual, reiteró, es una prioridad de su gobierno.
El mandatario advirtió que los grupos criminales y sus aliados “intentarán todo para no perder los privilegios acumulados”, pero insistió en que no cederá ante esas presiones.
Por su parte, la viceministra de Gobernación, Claudia Palencia, informó que en 2025 las autoridades han decomisado más de 7,000 kilos de cocaína y tres millones de matas de hoja de coca, marihuana y amapola. También resaltó la captura de 12 personas requeridas en extradición por narcotráfico en Estados Unidos.
“Hemos impactado a once organizaciones criminales”, afirmó Palencia, al destacar la coordinación entre policías, fiscales y autoridades penitenciarias.
El Ejecutivo enfrenta además una pugna directa con las pandillas por el control de las cárceles. Esta tensión se agudizó el 31 de julio, cuando los líderes de estas estructuras fueron trasladados al penal de máxima seguridad Renovación I, con el objetivo de aislarlos y frenar sus redes de operación.
La medida fue adoptada tras la masacre ocurrida el 29 de julio en una funeraria de la capital, donde siete personas fueron asesinadas. Según las investigaciones, el ataque fue perpetrado por miembros de la Mara Salvatrucha durante el velorio de un supuesto integrante de la Barrio 18 asesinado un día antes.
Los traslados provocaron motines y disturbios en distintos centros penitenciarios, aunque el gobierno ha reiterado que no retrocederá en su intención de recuperar el control en las cárceles y en los territorios dominados por grupos criminales.