La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que restringe la aplicación de aranceles recíprocos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional (IEEPA) delimita el alcance del Poder Ejecutivo en materia arancelaria y aporta mayor previsibilidad jurídica para quienes exportan hacia Estados Unidos.
El fallo confirma que la potestad constitucional para establecer aranceles corresponde al Congreso, lo que limita la imposición masiva de aranceles ante amenazas externas como se implementó el gobierno estadounidense a partir de abril 2024.
“El fallo representa un hito en materia arancelaria, al fortalecer la seguridad jurídica de los operadores de comercio internacional, evitando la aplicación de la normativa para imponer obstáculos arancelarios sin ningún tipo de límite. Esto introduce mayor previsibilidad para las empresas que operan con el mercado estadounidense y de esa forma estructurar de una mejor forma sus cadenas de valor”, señaló Jaime Morales, Global Trade Senior Manager de EY.
Aunque la base jurídica utilizada fue declarada ilegal, su aplicación práctica aún debe definirse. Se espera que autoridades federales, incluyendo USTR y CBP, emitan lineamientos formales para operativizar la decisión.
“El fallo es relevante, pero abre una nueva etapa de la política comercial de los Estados Unidos. No se trata de una suspensión inmediata, sino de un proceso ordenado de implementación donde las empresas deben ser vigilantes y estar atentas a los lineamientos regulatorios que emitirán las autoridades estadounidenses. En comercio internacional, la planificación basada en información precisa es clave para proteger la competitividad”, concluyó el experto.
Desde abril de 2025, Estados Unidos aplicó aranceles invocando facultades de emergencia económica bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), estableciendo diferentes tasas arancelarias, según el socio comercial, su balanza comercial y la sensibilidad sectorial.
Aunque los países de Centroamérica, República Dominicana y Panamá mantienen acuerdos de libre comercio vigentes con Estados Unidos, estas medidas se aplicaron de forma transversal, generando costos adicionales, distorsiones en los precios del mercado y presiones sobre las cadenas regionales de suministro.
Diferentes sectores enfrentaron mayores costos de acceso al mercado, incentivando procesos de negociación bilateral y ajustes operativos por parte de los exportadores, junto a sus clientes y operadores logísticos. En paralelo, diversos actores impugnaron la legalidad del fundamento utilizado para imponer los aranceles, escalando el caso en el sistema judicial estadounidense hasta el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, que cuestiona la base jurídica invocada y abre una etapa de la política comercial estadounidense, por lo cual los actores deberán estar atentos a los cambios que puedan representar oportunidades o bien desafíos a la hora de ingresar a ese mercado.