Día a Día News
EE.UU.–Un juez federal de Estados Unidos bloqueó de forma temporal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, medida que había sido ordenada por el presidente Donald Trump para contener las protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la decisión obliga al Ejecutivo a devolver el control de las fuerzas de seguridad al gobernador de California, Gavin Newsom.
El fallo, emitido por el juez Charles Breyer, establece que los miembros de la Guardia Nacional de California deben regresar bajo autoridad estatal mientras el Departamento de Justicia analiza si apelará la resolución, para lo cual tiene plazo hasta el próximo lunes 15 de diciembre.
Breyer desestimó los argumentos de la Administración Trump, que justificaba la intervención federal alegando que las manifestaciones representaban una insurrección y que el Gobierno tenía autoridad para asumir el control de las fuerzas locales. El magistrado rechazó además la afirmación de que los tribunales no tienen competencia para revisar este tipo de decisiones, señalando que esa postura refleja “una visión expansiva del poder ejecutivo” incompatible con el equilibrio constitucional.
“Los fundadores diseñaron un sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, los demandados dejan claro que el único control que desean es uno en blanco”, escribió Breyer en su resolución. También cuestionó que, seis meses después de la orden de federalización, las autoridades federales aún mantuvieran bajo su mando a unos 300 guardias nacionales, sin evidencia de que las operaciones policiales locales estuvieran en riesgo.
Desde la Casa Blanca, la portavoz adjunta Abigail Jackson defendió la decisión del presidente, asegurando que Trump “ejerció su autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional en apoyo de las fuerzas federales tras los violentos disturbios que los líderes locales se negaron a detener”. Añadió que el Gobierno “espera una victoria definitiva” en el proceso judicial.
El expresidente ha sostenido que el envío de la Guardia Nacional fue determinante para controlar manifestaciones que, según él, habían desbordado la capacidad de las autoridades locales. También afirmó que acciones similares en Washington contribuyeron a reducir la criminalidad.
La decisión del juez Breyer marca un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno federal y las autoridades estatales sobre los límites del poder presidencial en materia de seguridad interna, un tema que históricamente ha generado tensiones en el sistema federal estadounidense.