La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitará El Salvador el martes 25 de marzo de 2025, para reunirse con el presidente Nayib Bukele y visitar las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca.
El propósito principal de esta visita es fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado y abordar temas relacionados con la migración ilegal. La agenda de Noem también incluye escalas en Colombia y México, donde se reunirá con el presidente Gustavo Petro y la presidenta Claudia Sheinbaum, respectivamente, para discutir asuntos de seguridad y migración en la región.
Esta visita se produce en el marco de recientes deportaciones desde Estados Unidos hacia El Salvador, de 238 venezolanos y 23 salvadoreños, acusados de pertenecer a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la MS-13, respectivamente. Estos individuos fueron trasladados al CECOT, una prisión de máxima seguridad diseñada para albergar a miembros de pandillas.
Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6
La administración del presidente Donald Trump ha defendido estas deportaciones, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados acusados de pertenecer a grupos terroristas. Tom Homan, zar fronterizo de la administración, afirmó tener plena confianza en que los deportados eran miembros del Tren de Aragua, designado como organización terrorista por Estados Unidos.
Estas acciones han generado controversia y han sido objeto de escrutinio legal. Críticos señalan preocupaciones sobre el debido proceso y la legalidad de las deportaciones, argumentando que la Ley de Enemigos Extranjeros requiere una situación de guerra formal para su aplicación. Además, algunos deportados carecían de antecedentes criminales documentados en Estados Unidos, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la justificación de su deportación.
El juez federal James E. Boasberg ordenó una pausa en las deportaciones y está investigando si la administración violó su orden al continuar con los vuelos programados. Este enfrentamiento legal refleja las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial en torno a las políticas migratorias actuales.
El gobierno de Venezuela ha exigido información sobre sus ciudadanos deportados a El Salvador, calificando las acciones de Estados Unidos como «secuestros» basados en una normativa «ilegal» y «violatoria de los derechos humanos». Familiares y defensores de los deportados han respaldado estas denuncias, afirmando que muchos de los afectados no tienen vínculos con organizaciones criminales.
La visita de Kristi Noem a El Salvador subraya la importancia que la administración Trump otorga a la colaboración con países de Centro y Sudamérica para enfrentar desafíos comunes en materia de seguridad y migración. Sin embargo, las controversias legales y las críticas internacionales añaden complejidad a esta iniciativa.