El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, llevaron a cabo la juramentación de 30,000 civiles encapuchados como parte de una nueva fuerza denominada «policía voluntaria». La ceremonia se realizó en la Plaza de la Fe, en Managua, y ha suscitado preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional debido a las implicaciones represivas de este nuevo cuerpo.
La creación de la «policía voluntaria» se enmarca en una serie de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno sandinista. Estas reformas no solo establecen este nuevo cuerpo auxiliar de la Policía Nacional, sino que también han prorrogado los mandatos de los jefes militares y policiales de cinco a seis años, otorgando al presidente la facultad de extender estos periodos indefinidamente bajo el pretexto de «intereses de la nación».
Además, la reforma constitucional ha introducido la figura de la «copresidencia», consolidando aún más el poder de la pareja presidencial y permitiendo la designación de vicepresidentes sin necesidad de elecciones.
Organismos internacionales y grupos de derechos humanos han manifestado su alarma ante la formación de esta fuerza. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la creación de la «policía voluntaria» podría institucionalizar grupos paramilitares responsables de violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2018, en las que más de 300 personas perdieron la vida.
Reed Brody, experto en derechos humanos de la ONU, destacó que esta medida evoca el «nefasto papel» de los grupos enmascarados en la represión de manifestaciones antigubernamentales, calificando la iniciativa como un intento de institucionalizar fuerzas parapoliciales leales al régimen.
Líderes opositores y activistas han condenado la juramentación de los «policías voluntarios», argumentando que se trata de una estrategia para intensificar la represión política y consolidar un régimen autoritario. La exiliada poeta Gioconda Belli criticó la medida, señalando que busca institucionalizar a civiles armados leales al gobierno para sofocar cualquier disidencia.
Contexto de represión y sanciones internacionales
Desde las protestas de 2018, el gobierno de Ortega ha intensificado la represión, cerrando más de 5,000 organizaciones no gubernamentales y encarcelando a cientos de opositores. Estas acciones han provocado que miles de nicaragüenses busquen refugio en el exilio y han resultado en sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
La reciente decisión del gobierno nicaragüense de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras la publicación de un informe que acusa al régimen de cometer crímenes de lesa humanidad, ha incrementado aún más el aislamiento internacional del país.
La creación de la «policía voluntaria» es vista por analistas como un paso más hacia la consolidación de un estado policial, donde la represión de cualquier forma de oposición se institucionaliza y se refuerza mediante reformas legales y constitucionales.