Día a Día News
EEUU–Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tienen prohibido identificarse falsamente como policías o utilizar tácticas engañosas durante arrestos domiciliarios en el sur de California. Así lo ordenó un tribunal federal tras aprobarse un acuerdo derivado de una demanda colectiva presentada en 2020.
El fallo fue emitido el lunes 4 de agosto por el juez federal Otis D. Wright II, en el marco del caso Kidd v. Noem. La demanda fue presentada por Osny Sorto-Vázquez Kidd y dos organizaciones proinmigrantes: la Coalición del Interior para la Justicia de los Inmigrantes y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
El acuerdo establece que los agentes de ICE en la región de Los Ángeles no podrán declararse falsamente como autoridades locales o estatales, ni tergiversar el motivo de sus visitas para obtener el consentimiento de ingresar a un domicilio o persuadir a los residentes a salir de sus casas.
Además, se prohíbe a los agentes afirmar que realizan investigaciones criminales, verificaciones de libertad condicional o indagaciones de seguridad pública, salvo que tales afirmaciones sean verídicas. También queda vetado el uso de pretextos, como decir que hay un problema con el vehículo de un residente, para provocar que las personas salgan de sus viviendas.
“Este acuerdo deja claro que los agentes de inmigración no están por encima de la Constitución y rendirán cuentas por sus prácticas engañosas”, afirmó Diana Sánchez, abogada de la Fundación ACLU del Sur de California, que representó a los demandantes.
El documento judicial también obliga a que los agentes que utilicen la palabra “POLICE” (policía) en sus uniformes lleven de manera visible una identificación oficial de ICE. La medida busca evitar confusión entre los residentes, quienes muchas veces no distinguen entre autoridades migratorias y policías locales.
La Oficina de Campo de ICE en Los Ángeles tiene jurisdicción sobre siete condados: Los Ángeles, Orange, San Bernardino, Riverside, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.
Según Annie Lai, directora de la Clínica de Solidaridad con Inmigrantes y Justicia Racial de la Facultad de Derecho de UC Irvine, el acuerdo representa un paso hacia la protección del derecho a la privacidad. “Por demasiado tiempo, ICE faltó al respeto a la privacidad de los miembros de la comunidad al eludir el requisito constitucional de contar con una orden judicial para entrar en un domicilio”, afirmó.
Esta resolución sigue a una decisión judicial previa, dictada en mayo de 2024, que prohíbe a agentes de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional ingresar sin orden judicial al área privada que rodea una vivienda —legalmente conocida como curtilage— con el fin de realizar un arresto.
Finalmente, las personas que consideren haber sido víctimas de estas prácticas —conocidas como tácticas de “tocar y arrestar”— pueden llenar un formulario en línea, como parte de los esfuerzos de monitoreo continuo que buscan garantizar el cumplimiento del acuerdo.