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EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno aplicará “un enfoque un poco más suave” en los operativos migratorios, luego de las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas ocurridas el mes pasado en Mineápolis, Minesota.
En una entrevista con NBC News, Trump explicó que, aunque las autoridades deben “seguir siendo firmes”, es necesario “aprender a actuar con un poco más de suavidad”. Sin embargo, defendió las deportaciones como parte de su política para “combatir a criminales muy peligrosos”.
El mandatario confirmó que ordenó el retiro de unos 700 agentes migratorios destacados en Minesota y Mineápolis, una medida que, según dijo, busca reorganizar los operativos y reducir la tensión social tras los recientes incidentes. La decisión fue anunciada por el zar fronterizo Tom Homan.
Las declaraciones se producen tras la presión pública generada por la muerte de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, fallecidos durante protestas por redadas migratorias. Pretti murió el 24 de enero luego de recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hecho que reavivó las críticas sobre el uso excesivo de la fuerza.
Trump también responsabilizó al expresidente Joe Biden de mantener “una política de fronteras abiertas” y exageró el número de inmigrantes que, según él, ingresaron bajo solicitudes de asilo durante la administración demócrata. Además, afirmó sin presentar datos que su gobierno ha reducido los índices de criminalidad en ciudades como Mineápolis y Chicago.
El presidente expresó su inconformidad con el gobernador de Minesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ambos demócratas. Dijo haber tenido “muy buenas conversaciones” con ellos, aunque luego los vio “quejándose públicamente como si esas llamadas no hubieran ocurrido”.
Mientras tanto, un comité del Congreso escuchó el testimonio de los hermanos de Renee Nicole Good, Luke y Brent Ganger, quienes relataron el “profundo dolor” causado por su muerte, ocurrida el 7 de enero.
Las autoridades federales continúan bajo escrutinio por los procedimientos empleados durante las redadas, mientras organizaciones de derechos civiles piden revisar el uso de la fuerza en operativos migratorios.