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ElSalvador–La Comisión Política de la Asamblea Legislativa avanzó en el estudio para ratificar la reforma al artículo 27 de la Constitución, que habilitaría la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo.
Durante la tercera jornada de análisis, los diputados recibieron al fiscal general, Rodolfo Delgado, quien respaldó la iniciativa y sostuvo que la medida es acorde al contexto actual del país en materia de seguridad.
La reforma, aprobada inicialmente el 17 de marzo, aún requiere ser ratificada por las tres cuartas partes del pleno legislativo, tal como lo establece la Constitución. Además, contempla ajustes en distintas normativas, entre ellas el Código Penal y leyes especiales, para armonizar su aplicación.
Revisión de la pena y estándares internacionales
Uno de los puntos centrales expuestos por el fiscal fue el mecanismo de revisión de la cadena perpetua, contemplado en una disposición que permitiría evaluar periódicamente la condena.
Según explicó, esta revisión incluiría criterios técnicos como la conducta del reo, su evolución personal y la posibilidad de reinserción social, con el fin de determinar si continúa representando un riesgo.
El funcionario afirmó que este mecanismo responde al principio de “esperanza de liberación”, reconocido en el derecho internacional, y subrayó que la existencia de estas evaluaciones evita que la pena sea considerada inconstitucional.
En ese sentido, detalló que las revisiones obligatorias se realizarían en distintos plazos: 25 años para delitos cometidos por menores de edad, 30 años en casos individuales, 35 años cuando existan múltiples delitos y hasta 40 años en situaciones de agravantes extremas.
Delgado aseguró que, bajo estas condiciones, la cadena perpetua no contradice los compromisos internacionales asumidos por El Salvador.
El fiscal sostuvo que la medida busca fortalecer las herramientas legales frente a delitos graves y señaló que actualmente el sistema penitenciario cuenta con mejores condiciones para mantener a personas privadas de libertad por largos periodos.
Además, afirmó que la propuesta responde a la necesidad de prevenir la reincidencia, especialmente en casos vinculados a estructuras criminales.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, indicó que la actual legislatura mantiene su respaldo a iniciativas orientadas a garantizar la seguridad de la población.
En paralelo al análisis legislativo, el tema ha generado opiniones externas. El analista Marvin Aguilar señaló que el costo de mantener a una persona bajo cadena perpetua podría oscilar entre $1,200 y $1,400 anuales, y planteó consideraciones sobre el enfoque entre medidas de represión y prevención.
La discusión sobre la ratificación de la reforma continúa en la Asamblea Legislativa, donde se requieren los votos necesarios para su entrada en vigencia.