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ElSalvador–El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador continuó esta semana con la reproducción de audios como parte del macrojuicio contra 486 supuestos miembros de la MS-13, entre ellos 22 presuntos ranfleros señalados por la Fiscalía General de la República como líderes de la estructura criminal.
Según la acusación fiscal, las grabaciones evidencian cómo cabecillas de la pandilla daban instrucciones por llamadas telefónicas para torturar, interrogar y asesinar a víctimas, mientras otros integrantes ejecutaban las órdenes.
Durante la audiencia, la Fiscalía reprodujo conversaciones en las que varios pandilleros cuestionaban a un miembro de la estructura que había recuperado su libertad tras cumplir una condena de 38 años. En los audios, los cabecillas sospechaban que el hombre colaboraba con las autoridades y ordenaban someterlo a interrogatorios violentos.
De acuerdo con las grabaciones expuestas en el juicio, los supuestos líderes daban instrucciones específicas a otros miembros para agredir físicamente a la víctima mientras continuaban interrogándolo. En los audios también se escuchan amenazas, golpes y órdenes relacionadas con el homicidio.
La Fiscalía sostuvo que las conversaciones forman parte de las 125 grabaciones incorporadas como prueba dentro del proceso judicial. Según el Ministerio Público, los audios también incluyen presuntas coordinaciones de homicidios, vigilancia de víctimas y reportes internos sobre actividades criminales.
Entre las evidencias presentadas, la institución aseguró que existen grabaciones de 2020 en las que la estructura emitía “recibos”, término que presuntamente utilizaban para referirse a órdenes de asesinato. Además, afirmó que empleaban palabras clave como “trabajitos”, “cancha abierta” y “jugar” para aludir a homicidios.
La Fiscalía también señaló que otras conversaciones revelan planes para recolectar hasta $500,000 provenientes de extorsiones, dinero que supuestamente sería utilizado para la compra de armas y vehículos.
El proceso judicial se desarrolla desde la semana pasada y forma parte de la fase probatoria contra los imputados, a quienes se les atribuyen más de 47,000 delitos, incluidos homicidios cometidos entre 2012 y 2022.