El juez federal James Boasberg reprendió al Departamento de Justicia por desobedecer su orden de detener dos vuelos con destino a El Salvador que transportaban a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Esta acción se produce después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de migrantes venezolanos sospechosos de pertenecer a dicha organización criminal.
La Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de tiempos de guerra promulgada en 1798, permite al presidente detener y deportar a ciudadanos de naciones enemigas.
Históricamente, esta ley ha sido invocada en contadas ocasiones, todas ellas durante conflictos bélicos declarados oficialmente por el Congreso de Estados Unidos, como la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
En este caso, la administración Trump ha utilizado la ley para clasificar al Tren de Aragua como una amenaza nacional, justificando la “aprehensión, detención y expulsión inmediata” de sus presuntos miembros.
El Departamento de Justicia argumentó que la orden del juez Boasberg no era vinculante al no haberse emitido por escrito en el momento en que los aviones ya se encontraban en ruta sobre aguas internacionales, lo que, según su interpretación, limitaba la jurisdicción del juez sobre los migrantes a bordo. Sin embargo, el juez Boasberg rechazó esta postura, afirmando que su orden se aplicaba a las aeronaves independientemente de su ubicación en el aire.
Este enfrentamiento legal ha generado críticas por parte de grupos de derechos civiles, que consideran la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros sin una declaración formal de guerra como un abuso de poder y una amenaza al estado de derecho. Además, expertos legales señalan que esta aplicación de la ley es sin precedentes y podría sentar bases para futuras acciones controversiales.
El Tren de Aragua, originado en una prisión venezolana, ha sido vinculado a diversos crímenes graves y acusado de explotar a migrantes venezolanos. La administración Trump ha buscado designar a esta pandilla como una “organización terrorista extranjera” y ha implementado sanciones debido a sus supuestos vínculos con funcionarios venezolanos para el contrabando de drogas e infiltración en Estados Unidos.
Mientras tanto, el gobierno de Venezuela ha calificado las deportaciones como “secuestros” y ha anunciado su intención de impugnar estas acciones ante organismos internacionales.
Este incidente subraya las tensiones actuales entre el poder ejecutivo y el judicial en Estados Unidos, así como las complejidades legales y éticas en la aplicación de leyes históricas en contextos contemporáneos.