La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició el miércoles el examen del conocido como ‘caso Beatriz versus El Salvador’, en el que a partir del caso de una joven que terminó falleciendo después de que tuviese que pleitear para poder abortar en 2013 un feto que, según los médicos, presentaba patologías médicas incompatibles con la vida fuera del útero.
En El Salvador, el aborto es ilegal en cualquier circunstancia, por lo que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, independientemente de cuáles sean sus razones, se arriesgan a ser detenidas y condenadas a penas de cárcel. El Gobierno de Nayib Bukele ha descartado incluir este derecho en futuras reformas legales, por lo que no se prevén cambios a medio plazo.
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han hecho del caso de Beatriz un símbolo de su lucha, de tal manera que por iniciativa de estas ONG y de la propia familia de la joven será el Sistema Interamericano quien determine a partir de dos vistas (miércoles y este jueves) la legalidad de la criminalización absoluta del aborto.
Beatriz era una mujer pobre del municipio de Jiquilisco cuando se quedó embarazada en 2011 por primera vez y los médicos le diagnosticaron lupus. Tras varios ingresos y un parto complicado, nació su primer hijo, que terminaría falleciendo sin que hubiesen transcurrido siquiera 40 días.
En mayo del año siguiente, un médico le notificó que no podía volver a quedarse encinta y la citó para una esterilización, pero Beatriz no asistió, lo que llevó a que en febrero de 2013 se le diagnosticase un segundo embarazo, como consta en el documento con el que la Corte IDH repasa el caso.
Este segundo embarazo, de alto riesgo, terminó de complicarse cuando al mes siguiente le diagnosticaron al feto una malformación congénita que implicaba no sólo que no podía sobrevivir fuera del útero sino que, de llegar a término, también la vida de Beatriz estaba en peligro.
La Justicia salvadoreña bloqueó entonces el aborto, pero las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH terminaron forzando la intervención, ya con el embarazo más avanzado. El feto no sobrevivió y la salud de Beatriz quedó gravemente deteriorada, lo que derivó cinco años más tarde en su fallecimiento por una neumonía.
La Corte, que ya condenó en 2021 al país centroamericano por encarcelar a una mujer tras otro aborto, debe pronunciarse ahora por la posible responsabilidad del Estado salvadoreño en el caso Beatriz, para determinar si ha violado los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
También se le reclama por un supuesto incumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Amnistía Internacional ha destacado que el pronunciamiento judicial sobre este tema «puede ser un hito histórico», ya que nunca antes el tribunal había examinado la criminalización absoluta del aborto en América Latina. Así, al margen de las posibles medidas para la familia de Beatriz, puede haber decisiones «vinculantes» para El Salvador y «estándares internacionales» a tener en cuenta para todos aquellos países que hayan suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos.
