La oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció las «graves» violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua, un país donde la situación «continúa deteriorándose» a pesar de los reiterados llamamientos internacionales para que cese la represión de la disidencia.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas ha divulgado un informe en el que reclama la excarcelación «urgente» de las personas detenidas de forma arbitraria, ya que la oficina que ha encabezado hasta finales de agosto Michelle Bachelet está «particularmente preocupada» por la situación de todas ellas.
La ONU tiene registrados al menos 195 casos, de los cuales medio centenar corresponden a personas encarceladas en los meses previos a las elecciones de 2021 y que han recibido ya condenas de hasta 13 años de cárcel «sin un debido proceso». Al menos 29 de estas personas continúan detenidas en un centro policial «en condiciones presuntamente inhumanas».
Los expertos internacionales han constatado también actos de hostigamiento, especialmente contra opositores políticos, activistas y periodistas, así como contra la Iglesia Católica, como lo demostraría el varios obispos críticos con el Gobierno de Daniel Ortega hayan sido perseguidos.
El espacio de la sociedad civil se ha reducido «drásticamente», con el cierre de más de 1.500 organizaciones defensoras de Derechos Humanos, sólo en lo que va de año, y también se han «intensificado» las restricciones a la libertad de expresión, especialmente con la clausura de al menos 20 emisoras de radio y televisión en lo que va de año.
Además, los ataques a la libertad de prensa han provocado que los trabajadores del principal diario del país, ‘La Prensa’, se hayan obligados a salir al exilio, «sumándose a los 120 periodistas que lo han hecho desde 2018».
Los ciudadanos nicaragüenses están llamados de nuevo a las urnas en noviembre y la ONU mantiene «serias preocupaciones» sobre estas elecciones locales, habida cuenta de la falta de reformas electorales y judiciales «significativas» a pesar de los constantes llamamientos para llevarlos a cabo.
La discrecionalidad que los expertos atribuyen al Gobierno también llevó a que, en abril, cinco alcaldes opositores fuesen apartados de sus cargos con la excusa de que sus partidos ya no existían. Funcionarios leales al Gobierno central han asumido los puestos vacantes.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticó al Ejecutivo nicaragüense su falta de cooperación con organismos internacionales y la ausencia de un diálogo nacional «significativo, inclusivo y participativo», ya que sería «una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de Derechos Humanos».
Naciones Unidas asume que, en las circunstancias actuales, es «poco probable» que se produzca este diálogo, ya que el Gobierno ha encarcelado o forzado a exiliarse a interlocutores potencialmente «relevantes».
