El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local, junto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, representaron a Manuela y su familia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien fue condenada a 30 años de cárcel tras perder a su bebé y murió de un cáncer que no fue tratado.
Las organizaciones permitieron que el caso de Manuela fuera presentado ante el más alto tribunal de continente, la CIDH, en donde dejaron algunos puntos, entre estos:
1- Las mujeres que sufren emergencias obstétricas necesitan atención inmediata y urgente al llegar a los hospitales, ese debe ser la prioridad. Para ello es necesario que el Estado establezca protocolos claros de atención que permitan al personal de salud proveer servicios de calidad en materia sexual y reproductiva.
2- El personal médico en El Salvador trabaja en medio de un clima de miedo, temen sufrir persecución judicial pues enfrentan una enorme incertidumbre jurídica que les lleva a denunciar a las mujeres que tiene emergencia obstétricas en las que ha muerto la criatura en gestación. Por ello violan el secreto que debe existir con las pacientes, vulnerando su derecho a la vida privada y a la salud. Se requiere regulación legal urgente para detener esta situación.
3- Manuela fue víctima de una injusta condena por parte de El Salvador precisamente debido a que desde el hospital asumiera su culpabilidad. Eso la enfrentó a un sistema judicial que, siguiendo estereotipos de género machista, la somete a procesos judiciales sin garantías y a condenas injustas.
4- Lamentamos que el Estado haya planeado toda su defensa dentro de esta misma visión estereotipada de las mujeres ignorando los llamados que se le han hecho en este litigio, ya que llevan varios años, y en el que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado fue responsable de vulnerar los derechos de Manuela. Consideramos que el Estado salvadoreño tiene la oportunidad de reconocer la violación de derechos y reparar a la familia de Manuela, así como tomar medidas referidas a protocolos de atención, secretos profesionales del personal de salud, detención en flagrancia, garantía de defensa y presunción de inocencia, lo que garantiza la salud y la justicia de mujeres que enfrenten situaciones similares a la de Manuela.
“Las organizaciones colitigantes estamos seguras de que la Corte IDH hará un análisis imparcial de todos los argumentos presentados para emitir una sentencia que garantice los derechos humanos de millones de mujeres en la región”, expresa a través de un comunicado.
