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Un ciudadano salvadoreño radicado en Estados Unidos fue notificado por autoridades migratorias de una multa que supera los $1.8 millones, tras permanecer en el país durante años pese a tener una orden de deportación vigente desde 2010.
De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, el monto asciende a $1,820,352 y corresponde al tiempo acumulado desde que venció el plazo para abandonar territorio estadounidense, fijado el 9 de febrero de ese año. La sanción se basa en disposiciones que permiten imponer cargos diarios a quienes incumplen órdenes finales de expulsión.
La notificación fue enviada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 16 de marzo de 2026. Según la información disponible, el afectado no presentó una apelación dentro del plazo establecido —aproximadamente tres semanas—, lo que derivó en el incremento de la deuda mediante la acumulación de intereses.
Especialistas en temas migratorios señalan que, en este tipo de casos, el gobierno estadounidense puede activar mecanismos para recuperar el dinero adeudado. Entre las medidas contempladas figuran el embargo de bienes, la congelación de cuentas bancarias y otras acciones legales orientadas al cobro de la sanción.
Además, las autoridades mantienen abierta la opción de que la persona se acoja a un proceso de salida voluntaria o autodeportación, el cual incluye incentivos económicos y la cobertura del costo del traslado fuera del país.
Pese a que el plazo de apelación ya expiró, expertos consideran que aún podría intentarse un recurso tardío con el objetivo de suspender temporalmente la ejecución de la multa mientras se revisa el caso, aunque sin garantías de que la sanción sea revertida.
El desenlace dependerá de las decisiones legales que se adopten en las próximas semanas, en un contexto donde las políticas migratorias contemplan sanciones económicas acumulativas para quienes no cumplen con órdenes de deportación.