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EstadosUnidos–La administración del presidente Donald Trump anunció nuevas medidas dirigidas a reforzar los controles sobre el acceso de personas sin estatus migratorio legal al sistema financiero estadounidense. La iniciativa busca que bancos y otras entidades evalúen con mayor rigor el riesgo de otorgar créditos a este grupo de la población.
Las nuevas directrices serán emitidas por la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito. Los reguladores recordarán a las instituciones financieras la obligación de fortalecer los procedimientos de verificación de clientes y la evaluación de riesgos al conceder préstamos.
Según las autoridades, uno de los principales factores de riesgo es que un prestatario sin autorización para permanecer o trabajar en Estados Unidos pueda ser deportado antes de cumplir con sus obligaciones financieras, lo que aumentaría la posibilidad de incumplimiento en los pagos.
La medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump para restringir la participación de personas en situación migratoria irregular en distintos ámbitos del sistema financiero. Aunque las nuevas directrices no ordenan a los bancos cerrar cuentas o negar servicios de forma automática, sí buscan que las entidades refuercen sus criterios de evaluación y gestión del riesgo.
Estas acciones se derivan de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo, mediante la cual instruyó a los organismos reguladores a revisar con mayor detalle la ciudadanía y el estatus migratorio de quienes solicitan productos financieros, como cuentas bancarias, préstamos o tarjetas de crédito.
Como parte de esa política, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro, ya había emitido una alerta a las instituciones financieras para reforzar la detección de posibles casos de robo de identidad, fraude fiscal y lavado de dinero relacionados con la contratación de personas sin autorización para trabajar en el país.
Además, la Casa Blanca ha impulsado otros cambios en materia fiscal. Entre ellos, la reclasificación de ciertos créditos fiscales reembolsables como beneficios públicos federales, una modificación que podría limitar el acceso a esos incentivos para algunos inmigrantes, incluidos beneficiarios del programa DACA y del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Hasta el momento, no existen cifras oficiales que determinen cuántas personas sin estatus migratorio legal mantienen cuentas bancarias o préstamos en instituciones financieras de Estados Unidos.