Día a Día News
ElSalvador–La comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador comenzó el análisis del proyecto de ley de alianzas público-privadas enviado por el Ejecutivo, una normativa que busca regular los procesos de creación, ejecución y finalización de estos acuerdos entre el Estado y el sector privado.
El proyecto contempla un marco compuesto por 11 capítulos y 88 artículos, y sustituiría la legislación vigente aprobada en 2013. Durante la sesión, los diputados acordaron citar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que brinde insumos técnicos sobre la propuesta.
De acuerdo con lo expuesto en la comisión, la iniciativa establece que las alianzas permitirían desarrollar infraestructura y servicios públicos mediante la participación de inversionistas privados, quienes asumirían la construcción y operación de los proyectos.
El diputado William Soriano señaló que este modelo busca aliviar la carga financiera del Estado.
“Es una herramienta que permite que el privado asuma la construcción y operación (…) y que el Estado pueda enfocar recursos en áreas de urgencia”, afirmó.
Además, sostuvo que la normativa actual “no garantizaba que estos modelos fueran exitosos”, por lo que se plantea su derogatoria.
Debate por servicios de salud, educación y agua
Uno de los principales puntos de discusión fue el alcance de la participación privada en servicios esenciales. La presidenta de la comisión, Dania González, aseguró que la propuesta no sustituye las obligaciones del Estado.
“La Constitución es la que prima (…) y asigna responsabilidades directas sobre servicios como salud, educación y agua”, indicó. Agregó que “la participación privada no sustituye por ningún motivo esta obligación”.
Sin embargo, la diputada de oposición Claudia Ortiz planteó que estas exclusiones queden explícitas en la ley. “La forma más práctica es dejarlo expresamente excluido”, expresó, al advertir que, de no hacerlo, se abriría la posibilidad de incorporar estos servicios en esquemas de alianza.
Ortiz también reiteró una propuesta de reforma constitucional orientada a evitar la privatización del agua.
La comisión continuará el estudio del proyecto en las próximas sesiones, con la participación de funcionarios e instituciones que aporten opiniones técnicas. Además, la Asamblea deberá autorizar, caso por caso, los proyectos que se desarrollen bajo este esquema.
El análisis legislativo ocurre en medio de posturas encontradas sobre los alcances de la normativa, especialmente en lo relacionado con servicios considerados esenciales.