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ElSalvador–Un grupo de más de 400 supuestos cabecillas de la pandilla MS-13 enfrenta un proceso penal bajo la modalidad de macroaudiencia única abierta, en el que se les atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según informó la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la institución, este mecanismo permite juzgar de forma conjunta a estructuras completas del crimen organizado y mantener el proceso abierto para incorporar nuevos imputados o casos relacionados en el futuro.
La Fiscalía indicó que esta es la primera vez que se aplica este modelo para procesar a estructuras de mando, a quienes se les atribuye haber ordenado delitos como homicidios, feminicidios, extorsión, desaparición de personas y tráfico de armas a nivel nacional.
Este tipo de audiencias fue habilitado tras reformas al marco penal y a la Ley Contra el Crimen Organizado, aprobadas en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 en El Salvador.
Según la Fiscalía, el objetivo es agilizar los procesos judiciales y concentrar en un solo expediente a toda la estructura criminal, evitando múltiples juicios separados.
Además, los imputados también enfrentan cargos por el delito de rebelión, al considerar que buscaban mantener control territorial con el fin de establecer un “estado paralelo”.
Las autoridades señalan que dentro de este grupo se encuentran presuntos responsables de ordenar una escalada de violencia ocurrida en marzo de 2022, que dejó al menos 86 víctimas mortales y que derivó en la implementación del régimen de excepción.
Del total de procesados, 413 ya se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras que otros 73 tienen órdenes de captura vigentes y están siendo procesados en ausencia.
Hasta el momento, no se ha detallado la duración estimada de este proceso judicial, ni se ha permitido el acceso de la prensa a las audiencias.
Las macroaudiencias forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele en el marco de la ofensiva contra las pandillas, una política de seguridad que ha estado acompañada por el régimen de excepción y reformas legales orientadas al procesamiento masivo de estructuras criminales.